En diciembre de 2023, el Ejecutivo ingresó a tramitación un Proyecto de Ley que busca establecer un sistema de registro que permita identificar a las personas vinculadas con empresas y otras entidades, esto con el objetivo de promover la transparencia, detectar conflictos de interés, garantizar la libre competencia, facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, satisfacer los requisitos de intercambio de información con autoridades extranjeras según acuerdos firmados por Chile, y posibilitar la prevención, investigación y sanción de infracciones administrativas y delitos, como el crimen organizado, el lavado de activos, la evasión y elusión tributaria, etc.
El proyecto propone la creación de un Registro de Personas Beneficiarias Finales que contendrá datos sobre los beneficiarios finales de personas jurídicas, incluyendo aquellas con o sin fines de lucro, fondos de inversión y otras entidades sin personalidad jurídica.
