Autor: Antonia Echeñique

En el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N°16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones (en adelante, “Ley 16.271”).

 

Con fecha 18 de mayo de 2021, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la indicación del proyecto de reforma constitucional que buscaba establecer por una única vez un impuesto especial al patrimonio, denominado “impuesto a los super ricos, al no alcanzar la indicación el quórum de 92 votos que se requería (por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, requería el voto favorable de 3/5 de los diputados en ejercicio).

Con fecha 21 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó en general, por 105 votos a favor, 18 en contra y 25 abstenciones, el proyecto de reforma constitucional que busca establecer, por única vez, un impuesto de 2,5% a los altos patrimonios del país, además de subir transitoriamente a 30% el impuesto de primera categoría de las grandes empresas, y eliminar algunas exenciones tributarias, con el objetivo de permitir el financiamiento de transferencias monetarias de apoyo a los hogares, para solventar sus gastos con ocasión de la emergencia sanitaria.

Al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, la aprobación de este requería del voto favorable de 3/5 de los diputados en ejercicio, vale decir, 92 votos. Con la aprobación en general del proyecto en Sala, este volverá a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para su discusión en particular. Aprobada en particular tanto en Comisión como en Sala, el proyecto pasará a ser discutido en el Senado.

El pasado 28 de enero, la recién constituida Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad (la “Comisión”), conformada por un amplio grupo de expertos en materias económicas, entregó al Ministerio de Hacienda un primer informe de revisión del sistema tributario chileno, denominado “Informe Sobre Exenciones y Regímenes Especiales” (el “Informe”), que contiene recomendaciones relativas a la pertinencia de la mantención, eliminación o modificación de diversos beneficios o tratamientos tributarios especiales que reducen la recaudación tributaria y favorecen a algunos contribuyentes en particular, tomando en consideración su impacto sobre la eficiencia en la economía, incidencia distributiva, evasión tributaria y costos de administración del sistema tributario general.